Aunque el calendario marque periodo de receso, en el Congreso no hay vacaciones. La Cámara de Diputados y el Senado siguen trabajando los 12 meses del año y, en esta etapa, la Comisión Permanente se convierte en el espacio donde se discuten los temas urgentes del país. Esta vez será la Cámara de Diputados la que lleve la batuta y todo apunta a que las sesiones se realicen cada miércoles, manteniendo viva la discusión política nacional.
Desde la presidencia de la Cámara se dejó claro que el Congreso no está para guardar silencio ni para simular. Su función, se insistió, es debatir, confrontar ideas y representar a los ciudadanos. Callar al Legislativo o evitar que se discutan los problemas del país sería, en los hechos, ignorar a millones de mexicanos que votaron para tener voz en las instituciones.
En ese contexto aparece la reforma electoral, un tema que ya genera expectativas y tensiones. Aunque inicialmente se había planteado que la iniciativa llegaría hasta el segundo periodo ordinario, ahora existe la posibilidad de que se presente entre enero y febrero. La postura desde San Lázaro es clara: no importa la fecha, lo que importa es el método. Una reforma de este calibre no puede aprobarse con prisas ni sin escuchar a la sociedad.
La explicación es simple: las reglas electorales son las que determinan cómo se elige el poder y cómo se respeta el voto. Por eso, se plantea un proceso de análisis profundo, con foros y parlamento abierto, donde participen expertos, universidades, organizaciones civiles, autoridades electorales, partidos y ciudadanos. La democracia, se dijo, no se fortalece cerrando el micrófono, sino ampliándolo.
También se advirtió que escuchar solo para cumplir no sirve de nada. El ejercicio de diálogo debe traducirse en cambios reales al dictamen final. De lo contrario, sería una burla para la ciudadanía y un golpe a la credibilidad del Congreso.
Uno de los mensajes más fuertes fue el llamado a no debilitar las instituciones electorales. La experiencia internacional muestra que cuando se erosionan estos organismos, los países entran en conflictos políticos profundos. México, se subrayó, no puede darse ese lujo. Aquí el voto debe contar, debe respetarse y debe reflejar la voluntad popular.
La discusión también dejó una lección política básica: todos los gobiernos pasan. Ningún proyecto es eterno. Justamente por eso, las leyes deben construirse con visión de Estado y no con cálculo de corto plazo. Ganar una elección implica responsabilidad; perderla, aceptar el resultado y dar paso a quien obtuvo el respaldo ciudadano.
De cara al próximo año, se planteó que el debate electoral debería centrarse en temas de fondo: cómo evitar que el crimen organizado influya en las elecciones, cómo garantizar autoridades imparciales y cómo asegurar que los servidores públicos realmente sirvan a la gente. La reforma, se insistió, no debe buscar más poder ni más recursos, sino más confianza ciudadana.
Desde la Mesa Directiva se garantizó un debate abierto, respetuoso y plural. La señal es clara: la reforma electoral se discutirá, pero con calma, con escucha real y pensando en el bien común. Porque en democracia, las reglas no se imponen, se construyen entre todos.
